Que ocurre en Honduras el ¿Por Que?
El 27 de enero de 2014 comenzó el mandato presidencial de Juan
Orlando Hernández. En su discurso inaugural, Hernández prometió que depuraría
las instituciones pública, elevaría el número de elementos de seguridad y
aplicaría la “cero tolerancia”.
También, bajo el lema "Una vida mejor", Hernández reiteró su promesa
de ayudar a la familias más pobres, de apoyar a los pequeños productores y de
generar empleos.
Luego de resultar ganador en las elecciones generales de 2017, Hernández
comenzó su segundo mandato, que concluirá el 27 de enero de 2022.
En julio de 2011 entró en vigencia la Ley Temporal de Seguridad Poblacional,
que imponía una serie de tasas especiales a cuentas bancarias y actividades
empresariales con el fin de obtener fondos extra para combatir la criminalidad.
Ante las múltiples críticas por parte del Consejo Hondureño de la Empresa
Privada, las organizaciones de consumidores y la banca; la ley fue reformada,
estableciendo tasas más bajas, y publicada en enero de 2012.
En septiembre de 2012 se presentó un proyecto de ley para la creación de
Regiones Especiales de Desarrollo (RED), conocidas popularmente como
"ciudades modelo", y se firmó un convenio con una empresa
estadounidense para la construcción de la primera de ellas, que comenzaría en
octubre. Inspiradas en la idea de las ciudades chárter, las ciudades modelo
serían ciudades autónomas de hasta 33 km2 cada una, construidas por empresas
extranjeras con concesiones de hasta 80 años, que según sus promotores,
captarían la inversión extranjera e incentivarían notablemente el desarrollo de
la región.
La iniciativa se encontró con el rechazo de organizaciones
sociales y de juristas,19 quienes vieron a las mismas como una forma de
"privatización del territorio nacional", llegándose a presentar casi
70 recursos de inconstitucionalidad contra la misma. Ese mismo mes, 13 de los
15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia declararon inconstitucional el
proyecto de ley por violentar la autonomía judicial del país, su soberanía y su
forma de gobierno, y comprometer el desarrollo del país.
Tanto Hernández como el Presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa,
lamentaron esta decisión.
El proyecto fue reintroducido en enero de 2013 con algunos cambios para impedir
que se repitiera el fallo de inconstitucionalidad, y fue aprobado una vez más
por el Congreso en el marco de un debate donde se cuestionó nuevamente la
violación de la soberanía nacional. Las ahora llamadas "Zonas de
Desarrollo y Empleo Económico" (ZEDE) continuaron perfilándose como
proyectos de gran beneficio para el país durante el mandato de Hernández como
Presidente de la República.
En enero de 2012 se aprobó la Ley de Depuración Policial, que introdujo las
"pruebas de confianza" a miembros de la Policía Nacional, en donde se
incluía el uso de un polígrafo, algo prohibido por el artículo 101, literal 7
del Código Procesal Penal del país. La ley violaba además garantías
constitucionales y del derecho internacional.16 Tal situación llevó a cuatro
de los cinco miembros de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema a
fallar en contra de las pruebas de confianza, aunque todos coincidieron en la
ilegalidad del uso del polígrafo.
En respuesta, el 12 de diciembre el Congreso Nacional determinó
por destituir a los 4 magistrados con la aprobación de 97 de los 128 diputados,
esto con el respaldo de Hernández, quien habló de una "conspiración"
de los magistrados contra los intereses del pueblo. La acción fue considerada
por muchos un "golpe institucional" contra la Corte Suprema de
Justicia por parte del Congreso, quien excedió sus facultades según expertos
constitucionalistas. También fue condenada por diputados de las diversas
bancadas en el Congreso, por el fiscal general adjunto del Ministerio Público
y presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Roy Urtecho, por la
Asociación de Jueces por la Democracia y por la Asociación de Funcionarios y
Empleados del Poder Judicial; y cuestionada por el Consejo Nacional
Anticorrupción.
El primer escándalo que sacudió al gobierno fue la revelación del uso de dinero
proveniente del saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social en la primera
campaña presidencial de Hernández, donado a través de empresas fantasma.
Hernández admitió este hecho y alegó desconocimiento sobre la fuente ilegal de
dichas donaciones, las cuales posteriormente "fueron devueltas" según
el presidente del Partido Nacional.
El escándalo provocó que decenas de miles de hondureños
protestaran cada viernes en las principales ciudades del país, portando
antorchas y pidiendo la renuncia del presidente bajo la consigna ≪Fuera JOH≫. Las llamadas marchas de las antorchas, convocadas por el grupo
de "Los indignados", se extendieron desde mayo hasta agosto de 2015,
exigiendo la conformación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad y
la Corrupción en Honduras (CICIH), similar a la CICIG conformada en Guatemala.
Tras un diálogo nacional iniciado por el Presidente Hernández
con la asistencia de un equipo de facilitadores de la OEA, se concibió la idea
de una Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras
(MACCIH), la cual fue finalmente instalada en abril del siguiente año.
En marzo de 2016 asesinaron a la mundialmente conocida activista
indígena y ambientalista, Berta Cáceres, lo cual fue condenado a nivel nacional
e internacional, pronunciándose organizaciones como el Parlamento Europeo, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Greenpeace.
También el Presidente Hernández condenó el hecho y declaró el
esclarecimiento de su crimen como una prioridad del Estado.85 Sin embargo,
tiempo después Amnistía Internacional y el Comité de la ONU contra la Tortura
criticaron la deficiente investigación de las autoridades hondureñas en el
caso.8687 Como medida de presión en busca de resultados, cinco congresistas
estadounidenses propusieron suspender la ayuda económica de EE.UU. a los entes
de seguridad en Honduras,88 por lo cual el Presidente Hernández viajó a
Washington para impedirlo.
Posteriormente, en enero de 2017, Global Witness publicó un informe en el que
señalaba a Honduras como el país más peligroso del mundo para el activismo
ambiental, con 123 personas asesinadas desde 2010 por oponerse a proyectos de
represas. El informe denunciaba la participación de la policía y el ejército y
señalaba directamente a la presidenta del Partido Nacional y vicepresidenta del
Congreso Nacional, Gladis Aurora López Calderón y a su marido. López querelló
al presidente de Global Whitness por difamación y calumnia, mientras que el
gobierno acusó al informe de ser falaz.
En abril de 2015, la corte
Suprema de Justicia falló a favor de un recurso de inaplicabilidad al artículo
239 de la Constitución, lo cual permitió la reelección presidencial en el país
centroamericano. La decisión fue calificada por expertos como una violación a
la constitución y una extralimitación de las facultades de la Corte Suprema.
Gracias a ella, Hernández pudo participar como candidato a la presidencia una
vez más; candidatura que sectores de la oposición tacharon de ilegal. Tras las
elecciones generales de 2017, en las que Hernández fue declarado ganador, se
sucedieron una serie de protestas violentas alegando fraude, las cuales dejaron
un saldo de al menos 23 muertes según la ONU.
También los análisis de la OEA y la revista The Economist arrojaron dudas sobre
la transparencia de los comicios; todo lo cual contribuyó a la generación de
una crisis poselectoral.
