La entrega se daría en este diciembre o en enero de 2018,
precisaron SRE y PGR
El gobierno de Panamá concedió al mexicano la extradición de
Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo, para que enfrente en
territorio nacional el proceso por cuatro causas penales.
El 15 de septiembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores
de la nación centroamericana notificó al ex mandatario estatal la decisión de
entregarlo al gobierno mexicano, de acuerdo con el tratado suscrito con éste.
Con base en la legislación de Panamá, el imputado tiene derecho a impugnar ese
fallo.
A Borge Angulo se le persigue por un delito federal:
operaciones con recursos de procedencia ilícita, y por tres del fuero común:
peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública.
Salió del país antes de que el 31 de mayo un juez federal emitiera una orden de
aprehensión por lavado de dinero. El 5 de junio fue detenido en el aeropuerto
internacional de Tocumen, el principal de Panamá, cuando intentaba abordar un
vuelo hacia París, Francia. El gobierno mexicano presentó formalmente la solicitud
de extradición a Panamá el 24 de julio.
Ayer, en un comunicado conjunto, la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) y la Procuraduría General de la República (PGR) informaron la
decisión de la cancillería panañema, a fin de que el ex funcionario enfrente
los procesos penales en su contra por delitos presuntamente cometidos cuando
gobernó Quintana Roo.
La cancillería y la PGR detallaron que conforme a la
legislación panameña, Borge Angulo contará con los medios de impugnación
correspondientes. Las autoridades mexicanas continuarán dando seguimiento y
atención a este procedimiento hasta lograr su entrega a nuestro país.
De acuerdo con el tratado de extradición, ésta podría darse
en diciembre próximo o a más tardar en enero de 2018. De aceptarla de inmediato,
el traslado al país del ex gobernador se concretaría mucho antes.
Ninguno de los delitos que se le imputan ameritan prisión
preventiva oficiosa, por lo que podría ser sujeto a proceso en libertad
provisional. Sin embargo, fuentes oficiales señalaron que la PGR insistiría en
su reclusión debido a que Borge Angulo cuenta con los recursos económicos
suficientes para abandonar nuevamente el país.
Uno de los procesos en su contra es por la presunta venta
subvaluada de terrenos (al menos 24) que eran patrimonio de varios municipios
del estado, como Benito Juárez (Cancún), Solidaridad (Playa del Carmen) y
Cozumel, con daño patrimonial por más de 2 mil millones de pesos. Los inmuebles
tenían un valor comercial de alrededor de 5 mil millones de pesos, y durante la
admistración del ex mandatario fueron enajenados a un precio equivalente a 6
por ciento de su valor comercial.
En el comunicado conjunto, la SRE y la PGR señalaron: El
gobierno de México hace patente su decisión de realizar las acciones que sean
necesarias para abatir los espacios de impunidad en beneficio de los mexicanos,
buscando con ello la aplicación de la ley con objetividad e imparcialidad.
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