El incremento de las defunciones en México, con un promedio
anual de 650 mil al año y la escasez de espacio en los panteones, propiciaron
que en la Cámara de Diputados se aprobara una modificación a los artículos 348
bis, 348 bis 1 y 348 bis 2 de la Ley General de Salud, a fin de instalar al
proceso de cremación como una opción prioritaria para las familias. Juan Luis
de Anda Mata, secretario de la Comisión de Salud en San Lázaro expuso en
tribuna la necesidad de entender la cremación de cadáveres y restos humanos
como mecanismo de política pública para que se combata el problema de las
grandes ciudades por falta de fosas para la inhumación.
La desintegración de cadáveres o restos humanos es una
alternativa que beneficia al medio ambiente, contribuye además a erradicar el
problema de falta de espacios destinados para la inhumación, por lo que es
acertado fortalecer la norma, al reconocer la aplicación de cualquier otro
proceso químico o biológico para la conservación o disposición final. La
reforma al contenido de la norma apuesta también al uso de procesos químicos y
físicos distintos de la cremación a fin de tener alternativas relacionadas con
la disposición final de cadáveres.
Se requieren condiciones sanitarias adecuadas
Por lo anterior, se aduce en el dictamen, estas
circunstancias, hacen necesario modernizar y actualizar el marco normativo
vigente, a efecto de garantizar que los procesos de cremación y desintegración
de cadáveres se realicen en condiciones sanitarias adecuadas, y se inhiban las
malas prácticas por parte de prestadores de servicios en detrimento de la
seguridad sanitaria, señala el legislador.
A la fecha, en México, de acuerdo con cifras oficiales, hay
más de 650 mil fallecimientos de personas al año, y se inhuma aproximadamente
80 por ciento; el 20 por ciento restante se incinera; es decir, más de cien mil
ataúdes son utilizados.
De lo anterior se deriva que la incineración sea una
alternativa prioritaria para las familias, así como establecer el adecuado
manejo y uso de ataúdes, delinear atribuciones a la autoridad sanitaria para
que los servicios funerarios del país atiendan esta norma con la finalidad de
impulsar medidas de prevención en materia de salud y sanidad. Incluso, se asume
entre los diputados que la nueva modificación a la Ley General de Salud
coadyuvará a que los servicios funerarios que operan en la informalidad tengan
los elementos necesarios para apegarse a la legalidad de los procedimientos de
cremación, desintegración, uso y reúso de ataúdes.
Información entregada por el Consejo Mexicano de Empresas de
Servicios Funerarios (Comesef), refiere que de más de 4 mil funerarias que
operan en el país, 60 por ciento lo hace en la informalidad y de éstas, una
tercera parte son irregulares.
De esta manera se dotará a los gobiernos federal y estatales
de herramientas que coadyuven a transitar a un nuevo esquema en materia de
cremación y desintegración de cadáveres y restos humanos, así como el uso y
reúso de ataúdes. Asimismo, fortalecer las condiciones y pautas para que se
adecuen a las prácticas sanitarias que se estipulan en la presente reforma, con
la finalidad de que se reduzcan los riesgos en estas actividades y maximicen
los servicios de cremación y desintegración para favorecer mejores condiciones
ecológicas y de sanidad en el uso y reutilización de ataúdes.
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