Producir, comprar y consumir marihuana en México será legal
en poco tiempo. Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, presidente
electo, presentó este jueves una iniciativa de ley en el Senado que regula la
producción, la venta y el consumo de cannabis. Fuerza mayoritaria en el
Congreso, Morena no debería tener demasiados problemas para aprobarla.
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La Ley General para la Regulación y el Control del Cannabis
nace como una respuesta a las políticas prohibicionistas, imperantes en la
región desde hace décadas. En México, la producción y el tráfico ilegal de
marihuana son parte esencial del conflicto entre el Gobierno y las mafias de
criminales y entre los propios delincuentes. Decenas de miles de personas han
muerto en los últimos años en el país y otras han desaparecido, producto de la
llamada guerra al narcotráfico. Eliminada la marihuana de la lista de
sustancias perseguidas en México, el próximo Gobierno espera bajar los índices
delictivos.
Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación
[equivalente a ministra del Interior] de López Obrador, se encargó de presentar
el proyecto en el Senado. “Tenemos que replantear la política de drogas en
nuestro país. Es momento de cambiar, porque siempre han sido un discurso
polémico. El combate frontal [al narcotráfico] a través de las armas solo ha
producido más muertes en nuestro país. No estamos a favor de la liberación
absoluta de las drogas, sino de la regulación del cannabis”, dijo.
El camino político de la regulación va en paralelo al
judicial. La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a
favor de un ciudadano, que denunciaba que varios artículos de la Ley General de
Salud referentes al cannabis atentaban contra su derecho a desarrollarse
plenamente como persona. Era el quinto fallo de la Corte en el mismo sentido.
Se establecía así jurisprudencia al respecto, situación que abre el camino para
que el Alto Tribunal ordene al Congreso que elimine tales artículos de la ley.
La iniciativa de Morena supera el fallo de la Corte y no solo elimina la
prohibición sino que regula el mercado del cannabis.
Sánchez Cordero ha insistido estos días en que la ley es muy
completa, pues no solo legaliza la marihuana sino que regula todo el proceso de
producción, consumo, exportación y usos posibles.
En materia de autoconsumo, el proyecto establece que las
personas adultas podrán cargar hasta 30 gramos de marihuana; podrán cultivar
sus propias plantas -hasta 20- y cosechar como mucho 480 gramos al año. Se
prevé la aparición de cooperativas productoras, que tendrán hasta 150 socios.
Estas podrán producir 480 gramos por socio al año y los consumidores estarán
autorizados a fumar en público siguiendo reglas parecidas al tabaco. El texto
prevé sanciones contra la venta de marihuana a menores. La iniciativa permite
también la producción de cannabis para la venta, previa licencia. Además, se
prevé la elaboración para uso industrial, médico y terapéutico.
Las terapias con medicamentos a base de componentes de la
marihuana abrieron el camino hace tres años a la legalización de la sustancia
para uso medicinal. Familias de todo el país empezaron a hacer lobby en el
Congreso para instar a que la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios, Cofepris, les permitiera importar este tipo de remedios.
Eran personas con enfermos de epilepsia, cáncer… En algunos casos lo
consiguieron, aunque la comisión entorpeció la importación en general. Solo
daba permisos particulares. Con la nueva ley, este dejaría de ser un problema.
El Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis,
cuya creación prevé la ley, se encargará de desarrollar los reglamentos para la
producción, comercialización y consumo del cannabis y, en general, de hacer
cumplir la normativa.
Queda por resolver qué ocurrirá con los presos de la marihuana,
ciudadanos detenidos o condenados por posesión de cannabis. Según datos de
Morena, el 62% de presos con los que contaba México en 2012 estaban en la
cárcel por delitos contra la salud, es decir, narcotráfico. De ellos, el 58%
permanecían recluidos por temas relacionados con la marihuana. En 2011, también
según Morena, existían 1.509 reos sentenciados por consumo o posesión de
cannabis, lo que significa que no tuvieron intención de traficar.
Otro tema es quién o quiénes obtendrán licencias para producir
marihuana y quién se beneficiará con los impuestos a la producción y la venta.
El académico Froylán Enciso, experto en política de drogas, declaró en una
entrevista con un medio local estos días que la ley debe compensar a los
campesinos que han producido cannabis estos años, perseguidos por las
autoridades. Ellos, defiende, deben obtener licencias para producir. En cuanto
a los impuestos, dice, deben destinarse a mejorar el bienestar social.
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